El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y fija la edad de imputabilidad en 14 años. La norma fue oficializada mediante el Decreto 138/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
La legislación regula la responsabilidad penal de adolescentes de entre 14 y 18 años que sean acusados de cometer delitos contemplados en el Código Penal Argentino o en leyes especiales.
Entre los principales cambios, la norma introduce un sistema de sanciones graduales que tendrá en cuenta la edad del menor, la gravedad del delito y las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Las medidas previstas incluyen advertencias judiciales, restricciones de contacto con las víctimas, trabajos comunitarios, programas educativos y capacitación laboral. En los casos más graves, el régimen contempla la posibilidad de privación de la libertad.
No obstante, la ley establece límites claros: prohíbe la aplicación de prisión perpetua a menores y fija un máximo de 15 años de detención.
Debate y aprobación en el Congreso
El proyecto fue aprobado por el Senado de la Nación Argentina el 27 de febrero durante el período de sesiones extraordinarias, con 44 votos a favor y 27 en contra.
La iniciativa había sido presentada inicialmente por el oficialismo con una propuesta que fijaba la imputabilidad desde los 13 años. Durante el debate parlamentario, sin embargo, el Gobierno aceptó elevar el límite a 14 para alcanzar un acuerdo con sectores de la oposición.
Ese cambio permitió sumar el respaldo de legisladores del Propuesta Republicana (PRO) y de la Unión Cívica Radical (UCR), quienes consideraban esa edad como un punto de consenso dentro del Congreso.
Cómo funcionará el nuevo régimen
El sistema establece que el proceso penal juvenil debe priorizar la educación, la resocialización y la reinserción social de los adolescentes. Para ello, prevé la participación de equipos interdisciplinarios y la aplicación de medidas educativas, sanitarias o de formación laboral.
Además, la ley incorpora la figura de un supervisor especializado que tendrá la tarea de acompañar al joven durante el proceso judicial y controlar el cumplimiento de las sanciones.
En caso de detención, la normativa dispone que los menores deberán ser alojados en institutos especializados y no podrán compartir espacios con personas adultas.