El Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 prevé un aumento del gasto público total del 5,7% respecto de 2026, aunque el incremento está acompañado por recortes y modificaciones en áreas sensibles como las asignaciones familiares, las políticas de discapacidad, el financiamiento universitario y la obra pública.
Se trata, además, de algunos de los sectores que generaron mayores enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición antes de las elecciones de 2025, cuando el Congreso aprobó leyes que implicaban mayores erogaciones para distintas políticas sociales. Durante ese período, el presidente Javier Milei había anticipado que, una vez conformado el nuevo Parlamento, buscaría modificar esas normas.
El proyecto de Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo avanza en esa dirección: plantea cambios en programas sociales y reduce determinadas partidas, al tiempo que contempla mayores recursos para áreas como Defensa, incluidos fondos destinados a la adquisición de equipamiento militar.
De aprobarse el proyecto en los términos actuales y si se cumplen las proyecciones macroeconómicas oficiales —que estiman una inflación del 29% para 2026 y del 18% para 2027—, el gasto total mostraría un crecimiento real del 5,7% frente a 2026. Esto implicaría revertir la trayectoria descendente de los últimos años. Sin embargo, al comparar el gasto proyectado con el crédito devengado en 2023, todavía se observa una disminución del 26,5%.
Los datos surgen del primer informe técnico elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), a partir del análisis de las planillas oficiales del Ministerio de Economía.
Un comportamiento desigual entre las distintas áreas del Estado
La evolución presupuestaria presenta diferencias significativas según la finalidad del gasto.
Los recursos destinados a Servicios Sociales muestran un incremento interanual del 6,1% en términos reales frente a 2026. Sin embargo, en la comparación acumulada con 2023 registran una caída del 16,1%.
Los Servicios Económicos, en tanto, presentan una disminución del 10% respecto de 2026 y una reducción del 68% frente a 2023. Según el informe, el recorte está explicado principalmente por la menor asignación de subsidios a las tarifas y a la energía, además de la reducción del financiamiento destinado a infraestructura vial. Esto implica una mayor participación del gasto de familias y empresas en esos servicios y constituye, al mismo tiempo, uno de los componentes centrales del esquema de reducción del déficit fiscal.
ACIJ señala que el 40% de los recortes presupuestarios acumulados durante los últimos cuatro años se explica por la reducción de las partidas correspondientes a Servicios Sociales. Le siguen los Servicios Económicos, con una incidencia del 38%.
Por otra parte, la finalidad Administración Gubernamental se proyecta 42% por debajo del nivel de 2023, mientras que el gasto destinado a Deuda Pública presenta una contracción del 26% en el mismo período.
Servicios Sociales: aumentos puntuales y fuertes caídas acumuladas
Dentro de los Servicios Sociales también se observan trayectorias diferentes entre las distintas funciones.
Salud y Seguridad Social
La función Salud registra un crecimiento interanual del 16% y un aumento del 30% respecto de 2023. Sin embargo, ACIJ advierte que la comparación está fuertemente condicionada por un cambio en el financiamiento del PAMI. Tras la finalización del Impuesto PAIS, parte de los recursos destinados al organismo comenzaron a contabilizarse como transferencias del Tesoro.
En Seguridad Social, el proyecto contempla un incremento del 5% frente a 2026, aunque el nivel previsto permanece 2% por debajo del registrado en 2023.
Educación y Cultura
El presupuesto proyecta para Educación y Cultura un aumento cercano al 8% respecto del año anterior —6% según el desglose por finalidad—. No obstante, la función acumula una caída del 44% en términos reales desde 2023.
Trabajo y asistencia social
La función Trabajo, Promoción y Asistencia Social tendría un incremento del 2% interanual, aunque mantiene un recorte acumulado del 74% respecto de 2023.
Agua, saneamiento y vivienda
Las partidas destinadas a Agua Potable y Alcantarillado y Vivienda y Urbanismo muestran caídas del 93% y del 99%, respectivamente, frente a 2023.
El informe aclara que buena parte de los recursos destinados a urbanización se canalizaba anteriormente a través del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana, que no figura en estas partidas y que también fue desfinanciado.
AUH y asignaciones familiares: el proyecto propone eliminar la movilidad
Uno de los cambios centrales del proyecto se refiere a las transferencias monetarias destinadas a niños, niñas y adolescentes. El conjunto incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Prestación Alimentar, el Plan 1000 Días, las Asignaciones Familiares y la Beca Progresar.
Para 2027, los recursos proyectados para estas políticas se ubican en un nivel similar al de 2023, un año en el que ya se había registrado una caída superior al 20% respecto de los dos períodos anteriores.
El informe identifica una diferencia significativa entre las prestaciones según su mecanismo de actualización. De acuerdo con ACIJ, aquellas que cuentan con una fórmula automática de actualización recuperaron un 31,9% desde 2023, mientras que las sujetas a aumentos discrecionales acumularon un recorte del 50,5%.
En el caso de la Prestación Alimentar, el organismo señala que permaneció 23 meses sin aumentos y que alcanzó su menor nivel de cobertura en abril de 2026.
El artículo 17 del proyecto plantea, además, eliminar la movilidad automática de la AUH y de las Asignaciones Familiares mediante la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160.
Según ACIJ, esta modificación vuelve discrecionales los aumentos de esas prestaciones y puede afectar su valor real y su capacidad de cobertura. El organismo también advierte que la aplicación de una regla fiscal estricta podría dificultar la incorporación de incrementos presupuestarios que no hayan sido contemplados en la ley.
Universidades: el financiamiento queda por debajo de los niveles de 2023
En el programa Desarrollo de la Educación Superior, el proyecto mantiene para 2027 los niveles de financiamiento previstos para 2026. De acuerdo con el informe, esto representa una caída del 24,9% frente a 2023.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había estimado que las universidades necesitaban $11 billones para cumplir con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. El proyecto contempla asignaciones por $7,5 billones, un monto 32% inferior al cálculo realizado por el CIN.
La situación también se refleja en los salarios docentes. Según el estudio, las remuneraciones perdieron un 25% de su poder adquisitivo entre 2023 y 2026 y un 47% si se toma como referencia el período 2015-2026.
Como ejemplo, ACIJ señala que un cargo de Ayudante de 1° con dedicación simple de la Universidad de Buenos Aires (UBA) percibió $374.485,49 en agosto de 2026. Según el cálculo del informe, para mantener el poder adquisitivo de 2023 debería haber alcanzado $503.796,37, es decir, un 34,5% más.
Discapacidad: cambios en las prestaciones y en las pensiones
El proyecto también introduce modificaciones en las políticas destinadas a personas con discapacidad.
Uno de los cambios está previsto en los artículos 39 y 41, que eliminan la pauta uniforme establecida por el Nomenclador del Sistema de Prestaciones Básicas. En su reemplazo, cada ente obligado podría determinar los valores en su relación con los prestadores.
ACIJ sostiene que este cambio podría generar diferencias en el acceso y convertir la cobertura en un factor de desigualdad.
En materia de pensiones, el proyecto elimina la Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social (PNCDPS) y mantiene la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral (PNCIL). Para esta última se proyecta un aumento del 8,5% respecto de 2026, aunque el monto permanece 26,5% por debajo del nivel de 2023.
El programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a beneficiarios de pensiones, registra una reducción del 13,9% frente a 2026 y del 19% respecto de 2023.
Género y salud sexual: continúan las reducciones presupuestarias
El análisis de ACIJ también detecta una continuidad de los recortes y modificaciones en la forma de imputar recursos destinados a políticas de género y salud sexual.
Por tercer año consecutivo, el Programa Acompañar y la Línea 144 no aparecen como partidas presupuestarias específicas. Al considerar el conjunto de acciones de protección a víctimas y la Ley Brisa, los recursos proyectados para 2027 se encuentran aproximadamente 89% por debajo de los niveles de 2023, en términos reales.
En cuanto a salud sexual y reproductiva, el Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable contempla un crédito de $33.800 millones para 2027, casi 30% menos que en 2023.
La partida destinada a Educación Sexual Integral (ESI) asciende a $30 millones, lo que representa una caída del 98,5% respecto de 2023.
El informe señala, además, que la cantidad prevista de docentes capacitados pasó de 65.000 en 2023 a 900 en 2024, mientras que las provincias asistidas se redujeron de 24 a 6. A partir de 2026, agrega el documento, esos datos dejaron de informarse.
Obra pública: menos inversión directa y más incentivos fiscales
El proyecto también consolida el cambio en el esquema de financiamiento de la obra pública, con una menor participación directa del Estado nacional.
Sobre un universo de 2.339 obras, la administración central informa que 1.683 fueron dadas de baja o ingresaron en procesos de rescisión, 457 fueron transferidas a provincias o municipios y solo 199 permanecieron bajo gestión directa de la Nación.
La reducción también se refleja en el gasto de capital. Mientras en 2023 alcanzó $18,4 billones, para 2027 se prevén $3,8 billones. De acuerdo con ACIJ, esto implica que la inversión pública quedaría cerca de un 80% por debajo del nivel registrado en 2023.
En paralelo, el artículo 67 del proyecto contempla incentivos fiscales para los concesionarios privados de rutas. Entre ellos se incluyen la amortización acelerada de inversiones, el reintegro o crédito fiscal del IVA y la posibilidad de imputar el Impuesto a los Débitos y Créditos.
De esta manera, el esquema propuesto combina una reducción del desembolso presupuestario directo en infraestructura con un mayor uso de incentivos y beneficios tributarios para promover inversiones privadas.
