Un tribunal contencioso de la provincia de Buenos Aires resolvió que el Estado bonaerense deberá indemnizar a la familia de Elio Edgardo Constantino Cajal, un preso que fue asesinado en la Unidad Penal N°44 de Batán en enero de 2016.
El fallo considera que hubo fallas estructurales en el servicio penitenciario que contribuyeron a la muerte del hombre, y fija una compensación millonaria para su viuda y sus hijos.
Aunque la sentencia aún no está firme —fue apelada por la Fiscalía de Estado—, marca un precedente relevante en materia de responsabilidad estatal en el ámbito carcelario.