El propósito de la ley busca garantizar la protección y sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas mediante la actualización de sus presupuestos y salarios.
La ley establece que deben actualizarse presupuestos y salarios «al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”, con subas bimestrales para el 2025.
La sanción, se obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias cada tres meses, asegurando actualizaciones mensuales no inferiores a la inflación para docentes y no docentes.
