A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires manifestaron su preocupación por el complejo escenario financiero que atraviesa el sector. Las instituciones advierten que deben afrontar fuertes incrementos salariales sin contar con ingresos durante los meses de receso ni con la posibilidad de actualizar las cuotas escolares, lo que genera un marcado desequilibrio económico.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Argentina (AIEPA) señalaron que esta situación, que se repite cada verano, se ve agravada en esta oportunidad por la aplicación de los recientes acuerdos paritarios docentes, que incluyeron aumentos salariales retroactivos.
Según explicaron desde la entidad, los establecimientos deben afrontar desde enero el pago de salarios con incrementos correspondientes a diciembre, enero y febrero, además del proporcional del aguinaldo, sin haber percibido ingresos por aranceles durante gran parte de ese período. A esto se suma que los sueldos de febrero se abonan en los primeros días de marzo, cuando aún no está habilitada la actualización de las cuotas.
De acuerdo con los cálculos del sector, las instituciones deben absorber un incremento salarial acumulado cercano al 8,1%, compuesto por un 1,5% correspondiente a diciembre y aguinaldo, y un 3,3% tanto en enero como en febrero, tal como se estableció en la última paritaria con el gobierno provincial.
En la provincia de Buenos Aires funcionan alrededor de 4.800 colegios privados que reciben subvención estatal para cubrir parte de los salarios docentes. Estos establecimientos representan más del 70% del total de las instituciones de gestión privada y deben, además, respetar los topes arancelarios fijados por el Estado.
Al delicado panorama financiero se suma la caída en la matrícula.
Desde AIEPA también señalaron que en los últimos años se registraron niveles de morosidad superiores al promedio histórico, como consecuencia de las dificultades económicas que enfrentan muchas familias.
Ante este panorama, el sector reclama mayor previsibilidad y herramientas que permitan afrontar los costos sin poner en riesgo el funcionamiento de los establecimientos de cara al inicio de clases.
